Las entidades del tercer sector y las asociaciones de pacientes que formamos parte de él estamos de luto. Una sentencia del Tribunal Supremo que anula las subvenciones a las organizaciones sin ánimo de lucro (ONG) de atención social y ámbito estatal de 2013. Su base jurídica es que interfiere en las competencias de las Comunidades Autónomas (CCAA)…

silla-de-ruedasEn este caso, le ha tocado a los servicios sociales, pero la sanidad está íntimamente relacionada y ambas son competencias transferidas a las CC AA.

Los legisladores vuelven a comprometer los derechos de los ciudadanos con normas cuyo resultado lesiona gravemente la igualdad de oportunidades, al dejar en manos de las CCAA competencias mal entendidas como regionales.

Las entidades estatales del tercer sector, como son las asociaciones de pacientes, actuamos como órganos de cohesión en la atención sociosanitaria, al ofrecer servicios que no pueden ofrecer las CCAA: la duplicidad causaría un coste inasumible y además adolecerían de la especificidad que los colectivos de paciente ofrecen.

Además, su precio es mucho más barato que el que costaría a una CCAA, ya que las entidades estatales de pacientes contamos con financiación privada (tanto de los propios pacientes como de empresas solidarias y otros donantes privados): ponen a disposición de los ciudadanos servicios especializados que no podrían financiarse si tuvieran que ofrecerse en cada CC AA.

El recurso de la Generalitat de Catalunya pone en serio riesgo la supervivencia de las organizaciones estatales del tercer sector, con la seguridad de que ella misma jamás podrá ofrecer los servicios especializados que estas entidades prestan en la actualidad; esto es, servicios de entidades estatales para cualquier ciudadano con patología crónica del Estado español, no sólo residente en Cataluña.

Las últimas declaraciones del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad van en contra de la sentencia del Supremo y argumenta que el proyecto de Ley del Tercer Sector solucionará esta controversia. Ésta es nuestra esperanza, porque unas competencias mal entendidas las paga siempre el ciudadano con menos recursos.

En materia de sanidad y servicios sociales la ciudadanía quiere tener las mismas oportunidades independientemente de la región en la que residan, ésa es una de las conclusiones del Barómetro EsCrónicos 2015. Para lograrlo, sentencias como ésta no hacen más que poner palos en las ruedas de la cohesión territorial que los pacientes crónicos solicitan en su atención. Aunque se ajuste a Derecho, estas decisiones no ofrecen Justicia: necesitamos una medida legislativa urgente, se llame Ley del Tercer Sector, Ley de Cohesión o cómo se quiera denominar.

Juan Carlos Julián
Director de ALCER España

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